(Entonces, ¿quién tiene que asistir?)

En un procedimiento de instrucción urgente (transformado a diligencias previas y luego a sumario) seguido ante el Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Mataró, durante la comparecencia para determinar, entre otros, qué diligencias de prueba adoptar (comparecencia prevista en los arts. 798 y 799 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal española) la Fiscal solicitó la testifical de cuatro personas: doña Carmela, doña Ana Carmela, doña Silvina y don Arcadi, proposición a la que la defensa del imputado (ahora se denomina investigado, cambio de nombre durante el gobierno de Mariano Rajoy) se opuso por razón de no ser testigos directos y, además, por razón de tratarse de la madre, hermanas e hijo de la denunciante (y Acusación Particular).

Siendo la decisión del Juzgado la de admitir las diligencias propuestas por la Fiscalía – además de otras que no vienen al caso – ordenó su práctica en las fechas que así mismo señaló en el auto recaído en la referida comparecencia.

Pues bien, llegadas las fechas y horas agendadas, en efecto, se practicaron las cuatro testificales, dándose la circunstancia de que la Fiscal no se presentó a ninguna de ellas, a ninguna de las diligencias mencionadas, propuestas por ella misma.

Sí asistió el Abogado de la defensa (también la Abogada de la Acusación Particular).

De hecho, la Fiscalía no se ha presentado a ninguna de las numerosas diligencias de prueba practicadas en dicha instrucción.

Para el autor de estas líneas, si ya resulta criticable tal inasistencia, especialmente tratándose de actuaciones adoptadas a instancia suya – y, como he dicho antes, con oposición de la defensa -, aun más lo es su ausencia en una causa que se instruía por delitos de agresiones sexuales continuado, de lesiones, de malos tratos en el ámbito de la violencia de género, de amenazas, de quebrantamiento de condena y de injurias.

Además, siendo grave para la causa que quien ejerce la acusación pública y la defensa de la legalidad no asista a la práctica de pruebas por ella misma propuestas, añádase a ello la contravención que supone respecto a la “Guía de actuación con perspectiva de género en la investigación y enjuiciamiento de los delitos de violencia de género de la Unidad de Coordinación de Violencia sobre la Mujer de la Fiscalía General del Estado”, ya que la incomparecencia Fiscal no es conforme con el objeto enunciado en la citada guía:

  la guía reforzará la intervención del Ministerio Fiscal y contribuirá a lograr una actuación más eficiente.

Pues bien, los hechos descritos fueron expuestos a manera de queja ante la Fiscalía General del Estado, la que lo remitió al órgano competente, la Inspección Fiscal, la que concluyó el expediente dictando resolución desestimando la queja basándose, en resumen, en que no es obligación de los fiscales asistir a las diligencias de prueba, aunque éstas hayan sido propuestas por los propios Fiscales; y esta decisión la acuerda el órgano de inspección aunque así desvirtúe una de las principales – y loables – finalidades de la mencionada Guía Fiscal (de largo título), esto es, el refuerzo de su intervención y lograr una actuación más eficiente.

No parece que sea necesario explicar los perjuicios que tal dejación comporta para la instrucción penal, en particular, para una causa de esta clase, en la que se investiga y se proveen pruebas sobre delitos tan graves y, en particular, para una actuación que debe atender al principio de inmediación cuando se está ante declaraciones de testigos.

Valga la pregunta retórica del subtítulo y me pregunto igualmente si en el supuesto de que las pruebas hubiesen sido acordadas a propuesta del abogado de la defensa (o de la acusación particular) y éste no hubiera asistido a ninguna de ellas, cuál habría sido la consecuencia de tal incomparecencia, los correspondientes órganos de control disciplinario y deontológico, el propio juzgado y el colegio de abogados, ¿habrían dado la misma respuesta?: no es obligatoria la asistencia del abogado.

Entonces, ¿quién deberá asistir?

Marco Rodríguez-Farge Ricetti